Recopilado Por Rebeca Fernández
El Gobierno venezolano está aplazado en democracia representativa, de acuerdo a los estándares que definen a este modelo de gobierno según la Carta Democrática Interamericana suscrita por los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así lo señala el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y profesor de Derecho Asdrúbal Aguiar, quien ha contabilizado más de 130 violaciones a los estándares democráticos cometidos durante la década de gobierno del presidente Hugo Chávez.
A Aguiar “se le hace cuesta arriba” afirmar que en el país aún existe un régimen democrático, si se toma en cuenta que el Estado venezolano ha incurrido en fallas no sólo en el cumplimiento de los estándares de desempeño sino en aquellos cuyo respeto es esencial para que se pueda calificar como democrático a un régimen.
De acuerdo a una lista recabada por el abogado son 13 los estándares que se pueden extraer de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dichas características se pueden agrupar en cinco esenciales -respeto a los derechos humanos, acceso y ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, celebración de elecciones, régimen plural de partidos y separación de los poderes públicos- y ocho que son fundamentales para el ejercicio de la democracia -primacía de lo civil, transparencia, probidad, responsabilidad, respeto a los derechos sociales, a la libertad de expresión, al Estado de Derecho y a la participación.
A juicio de Aguiar, no es una exageración dudar del carácter democrático del actual Gobierno, pues desde 1999 y hasta la fecha se consiguen ejemplos de transgresiones sistemáticas y repetitivas a lo establecido por la OEA.
“Una cosa es que se viole un estándar, o que un gobierno tenga una falla o una insuficiencia democrática por deficiencias institucionales o presupuestarias, pero es que en el supuesto venezolano no se trata de una violación a la regla sino de una violación sistemática de todas las reglas democráticas”, sostiene el académico.
El columnista de El Universal considera más grave aún el hecho de que pareciera que las fallas no son producto de una omisión descuidada, sino más bien un ataque consciente y deliberado a este modelo de gobierno. “En nuestro caso se subvierte la regla de manera manifiesta. No se trata de una simple separación o que Venezuela está en un proceso de maduración democrática, sino en que ha agarrado la piñata y se le ha caído a palos”, lamenta.
A continuación, Aguiar presenta los 13 estándares democráticos con una breve explicación sobre qué implica su acatamiento y varios ejemplos de cómo el Gobierno nacional ha faltado en su cumplimiento.
Derechos humanos:
El Gobierno debe respetar y hacer respetar los derechos y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por los miembros de la ONU.
Explicación:
El derecho a la vida y a la seguridad ciudadana están comprometidos en Venezuela si se toma en cuenta que el año 2008 cerró con una cifra de homicidios próxima a las 14 mil 800 víctimas, dentro de un cuadro sostenido de impunidad que no es resuelto por el Estado. Cabe destacar que el Gobierno desconoció el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año.
Partidos políticos:
El Gobierno tiene que garantizar y fortalecer la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, el cual disponga de reglas claras sobre el financiamiento de sus actividades.
Explicación:
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibe financiamiento público a pesar de que esto está prohibido por el marco jurídico vigente a todas las organizaciones políticas. Otro ejemplo es que, si bien la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos estén al servicio de una parcialidad política, las altas autoridades del Gobierno comparten funciones partidistas con el ejercicio de su cargo.
Probidad:
Un gobierno democrático debe investigar oportunamente y con celeridad todos los presuntos hechos de corrupción que ocurran en el país. Quienes perpetren estos delitos deben ser sancionados.
Explicación:
Tanto la Contraloría como la Fiscalía General de la República no han indagado con ahínco a las personas implicadas en el caso del maletín retenido al empresario Guido Antonini, mientras que la Asamblea Nacional (AN) rechazó recientemente investigar las denuncias en contra del ex gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, y el alcalde de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, ambos del PSUV.
Derechos sociales:
El Gobierno está obligado a respetar y hacer respetar la libertad sindical, el derecho a trabajar, a la seguridad social, a la salud y a la educación, así como también a proteger a la familia.
Explicación
La agresión policial y militar a la marcha organizada por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) para celebrar el pasado 1 de Mayo el Día del Trabajador, constituye una violación a la libertad sindical; así como también lo es que el Gobierno se haya negado a discutir los contratos colectivos de algunos sectores o que condicione la discusión a que los trabajadores acepten cláusulas con un cariz político.
Primacía de lo civil:
En un gobierno democrático todas las instituciones del Estado, y en especial las Fuerzas Armadas, están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil legalmente constituida.
Explicación:
Mientras que en otros países el presidente es una autoridad civil que ejerce control sobre el estamento militar, en Venezuela se modificó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional para dar al mandatario autoridad militar, otorgarle derecho a portar insignias y crear un Estado Mayor Presidencial. Con esto se invierte la pirámide estatal, donde la militarización del país y sus instituciones rompe con el principio de subordinación a lo civil.
Ejercicio del poder:
El Gobierno debe garantizar que quien ingrese al ejercicio público lo haga mediante las normas constitucionales y legales previstas, así como también que al ejercer su cargo acate el marco legal.
Explicación:
La jefa del Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, accedió al poder por una vía de facto -a pesar de estar respaldada por una norma sancionada en el Parlamento-, pues la recién aprobada Ley del Distrito Capital no respeta el principio constitucional que establece que no pueden existir autoridades nacionales, regionales o municipales que no hayan sido electas mediante el voto popular.
Separación de los poderes:
Los poderes públicos deben actuar de forma separada e independiente, pues de esta forma garantizan que no exista un monopolio en las decisiones gubernamentales y afianzan la libertad.
Explicación:
Es rutina que el presidente Hugo Chávez dé instrucciones públicas acerca de sus actuaciones tanto al Poder Judicial como al Legislativo. Hay que resaltar el caso de la Comisión para la Reforma Constitucional -proyecto presentado por el jefe de Estado- la cual estuvo integrada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, y la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Cilia Flores.
Respeto al Estado de Derecho:
Un Gobierno democrático está obligado a velar porque todos los sectores de la sociedad y todos los ciudadanos respeten el orden constitucional y las leyes de la República.
Explicación:
En Venezuela funcionan varias organizaciones paraestatales como son los círculos bolivarianos, el grupo Tupamaro o el colectivo “La Piedrita” que operan al margen de la legalidad, llevando a cabo acciones delictivas de manera impune en contra de personalidades y organizaciones que se oponen a la Revolución Bolivariana. Dichos grupos cuentan con la protección de los organismos del Estado, que no emprenden acciones en su contra.
Elecciones:
Un gobierno democrático está obligado a celebrar elecciones periódicas, libres, justas; basadas en el modelo de sufragio universal y secreto, como una expresión de la soberanía del pueblo.
Explicación:
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha informado sobre la totalidad del resultado del referendo aprobatorio sobre el proyecto de reforma constitucional, celebrado en diciembre de 2007. A esto hay que agregar que el presidente Hugo Chávez ha desconocido a las autoridades regionales electas de oposición, al impedirles el ejercicio de su propio mandato o al revocarle algunas de sus atribuciones.
Transparencia:
Todas las instancias gubernamentales y sus autoridades deben procurar informar constantemente a la población sobre las actividades que llevan adelante para el desarrollo del país.
Explicación:
El epíteto “caja negra” ha sido endilgado a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Banco Central de Venezuela (BCV), entre otras instancias gubernamentales, porque poco o nada se conoce sobre sus actividades o estados financieros. El mismo nombre se podría aplicar a varias leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, las cuales no fueron consultadas con diversos sectores de la vida nacional.
Ejercicio responsable:
Todas las entidades gubernamentales y todos los funcionarios públicos están obligados a rendir públicamente una cuenta detallada de la manera como ejecutan sus presupuestos.
Explicación:
La población no tiene acceso a las memorias y cuentas de las distintas instancias del Gobierno, que deberían ser entregadas anualmente. Así pues, solamente cuando se acaba el término de un funcionario al mando de una instancia gubernamental es que su sucesor decide denunciarlo ante la Contraloría General de la República, como ocurre con los casos de los ex gobernadores de Zulia, Guárico y Aragua.
Participación ciudadana:
Un gobierno democrático debe promover y fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo, así como también velar por el respeto de la disposición tomada.
Explicación:
Al constituir los comités de postulación para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) o a los altos funcionarios del Poder Ciudadano, no se ha incluido a representantes de varios sectores de la vida nacional. Otro ejemplo es que el proyecto de Ley de Consejos Comunales condiciona la creación de nuevos grupos a la aprobación que obtengan del Ejecutivo.
Libertad de expresión:
Los ciudadanos de un Estado democrático deben disfrutar de plena libertad para expresarse y los medios de comunicación tienen que disponer de libertad para realizar su labor.
Explicación:
La Ley Resorte, la sentencia 1.013 y la sentencia 1.942 afectan la libertad de prensa, al controlar los contenidos, la forma como se producen y al convalidar las “leyes de desacato”. Por otra parte, sobre el Gobierno pesan dos sentencias condenatorias por los casos de las televisoras Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Muevete - Por un mundo mejor 
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