Pensó: Elimínese la propiedad. ¡y fue eliminada!

Uno de los grandes ausentes en el paquetazo habilitante es el artículo 115 de la Constitución de 1999, donde se define el derecho de propiedad y sus atributos de uso, goce y disposición. Lo grave no es que éste no se mencione en ninguna de las nuevas leyes, sino que éstas lo desconocen y contradicen.

El “paquetazo” reproduce al pie de la letra la voluntad de eliminar la propiedad privada, que Chávez manifestó en su propuesta de constitución. A pesar de haberlo rechazado la población, Chávez dispuso con las habilitantes, declarar de “utilidad o interés público” todo lo que le vino a su mente y, por ende, sujeta a expropiación a un sin fin de sectores y actividades de la economía.

En este supuesto se incluyó desde la totalidad de la cadena de producción, procesamiento y distribución de alimentos y actividades conexas; pasando por todos los bienes y servicios clasificados de “primera necesidad” (los cuales, a su vez, pueden ser cualquier cosa); hasta llegar a todas las zonas de agua, puertos, playas y todo aquello que se utiliza para el transporte acuático.

Más grave aún es que las ansias de poder de Chávez lo llevaron a clasificar a todo el país como de “interés público”, incluyendo tierras privadas y públicas, así como los bienes y servicios necesarios para la construcción de viviendas. Para el ciudadano esto se traducirá en que su vivienda no será suya y que el Gobierno tendrá la autoridad de desalojarlo en cualquier momento.

Lo peor es que esta fagocitosis de la propiedad no se detuvo con el paquetazo.

A menos de un mes de haberse aprobado, a golpe de medianoche, las 26 leyes habilitadas, el Gobierno se sacó de la manga un proyecto de Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos. Y en menos de cuatro días de haberse hecho público, ya la Asamblea Nacional lo había aprobado en primera discusión.

Esta nueva Ley, “reserva” para el Estado la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, que se realiza entre las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. y los establecimientos dedicados a su expendio. En consecuencia, las empresas intermediarias y las transportistas del ramo serán expropiadas.

Lo más grave de esta Ley es que en ella se pone de manifiesto, aún más, que el Gobierno tiene la intención de timar a los ciudadanos.

Las leyes del paquetazo contemplan la expropiación inmediata y la “ocupación previa”, y dejan en segundo plano el pago de un justiprecio por los bienes despojados, aunque ello contraviene a la Constitución. Pero, la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos estipula, además, que para la fijación del “justiprecio” de los bienes antes referidos, sólo “se tomarán en cuenta las inversiones realizadas y su valor en libros”. Y que “en ningún caso se tomarán en cuentra ni el lucro cesante ni los daños indirectos.

Esto, en efecto, concreta una estafa a los propietarios expropiados, ya que el justiprecio debe fijarse teniendo en cuenta el valor de la empresa en marcha o, en el peor de los casos, el valor de reposición. Y como es harto conocido, el valor en libros de una empresa es casi siempre mucho más bajo que éstos.

Estas leyes, además, escamotean a la nación las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para su desarrollo.

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