Denuncian que España vende armas a países que podrían violar derechos humanos

Jueves, 03 de Julio de 2008
EFE

Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Fundació per la Pau denuncian que España sigue vendiendo armas a países en los que existe un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos y piden al Gobierno español la aplicación correcta de la nueva Ley de Armas.

Estas organizaciones no gubernamentales informan en un comunicado de que existe una tendencia al alza en la venta de armas españolas al extranjero, ya que en 2007 se alcanzaron los 932 millones de euros (1.475 millones de dólares), un 10,4% más que el año anterior, según los datos remitidos recientemente por el Gobierno al Congreso de los Diputados (cámara baja).

Estas cifras ponen de relieve que España sigue vendiendo armas a “países en los que hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible”.

Las ONGs denuncian que las autoridades españolas venden armas a Colombia, Pakistán, Israel o Marruecos y consideran que los datos, aunque se refieren a operaciones anteriores a la aprobación de la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, “no son un buen punto de partida”.

La citada ley, aprobada por las Cortes españolas el pasado mes de diciembre, prohíbe operaciones de exportación a países que padezcan conflictos o se usen para atentar contra la dignidad del ser humano, así como a aquellos que incumplan el código de conducta de la Unión Europea (UE) y las directrices de los foros internacionales.

Para estas organizaciones, esta ley “es un paso adelante importante que tiene que traducirse el mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas”.

Lamentan, además, las “enormes” cantidades de munición para caza y tiro deportivo que España exporta a países del África Subsahariana, que en 2007 no fueron sometidas a control.

Las ONGs solicitan la comparecencia “sin dilación” del secretario de Estado de Comercio en la Comisión de Defensa del Parlamento para explicar los criterios utilizados para la exportación y autorización en 2007 de armas y material de doble uso a países con riesgo de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Piden también al Gobierno una postura activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional por el comercio de armas efectivo en Naciones Unidas, y la firma y rápida ratificación de la Convención de Dublín por la prohibición de las bombas de racimo.

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