En boca cerrada, entra la dictadura

VenEconomía Opina 4 de junio de 2008

El Gobierno cada vez más inventa nuevos instrumentos y formas para cercenarles los derechos constitucionales a los venezolanos.
Entre gallos y medianoche, el presidente promulgó el Decreto-Ley sobre Inteligencia y Contrainteligencia, que institucionaliza una policía del Estado con poderes supra constitucionales, al servicio de Hugo Chávez y de su “Himmler” personal. Cualquier ciudadano podrá ser encarcelado sin causa ni motivo, sin pruebas por delante, por funcionarios incógnitos que podrán violarle sus más elementales derechos civiles y políticos.
Con este Decreto-Ley el Gobierno (entiéndase, Chávez) se está auto-atribuyendo derechos que nadie le ha dado, para actuar detrás del telón y en secreto. Esto preocupa mucho, muchísimo.
Pero, más preocupación causa que los ciudadanos no reaccionen ni se indignen por los desafueros, atropellos e ilegalidades que comete el Gobierno a la luz del día. Para muestra de esta alarmante inercia ciudadana aquí van dos ejemplos de ilegalidades que están pasando sin pena ni gloria.


La primera, es el desalojo abrupto del Museo de Transporte, luego de 40 años de funcionamiento, resguardando el patrimonio histórico vehicular del país. Sin excusa ni protesto la Fundación que tenía el comodato se está quedando en la calle y, con ella, un patrimonio de la nación. Salvo las informaciones de prensa, aquí nadie ha levantado su voz… ¡y aquí no ha pasado nada.!
Otra, de más vieja data, es la invasión de 700 hectáreas de la Estación Experimental San Nicolás ubicada en el Estado Portuguesa. Esta propiedad de la Universidad Central de Venezuela, que tiene vocación ganadera y no agrícola vegetal, está siendo ocupada ilegalmente desde hace más de un año ante los ojos impávidos de las autoridades regionales, como lo son la Gobernación y el Consejo Legislativo; de las nacionales, como el Ministerio de Agricultura y Tierras, y de la ciudadanía en general.
El caso insólito es que el mismo juez que lleva el caso afirma que no se pronunciará, “hasta tanto no haya una decisión administrativa del Instituto Nacional de Tierras”, según informan representantes del Consejo Universitario de la UCV. Es decir, es la inexistencia del Estado de Derecho y la supeditación de un poder público al Ejecutivo: Un juez que no actúa hasta tanto no recibe órdenes “de arriba”. ¿Quieren una muestra más clara de la exacerbación de centralismo y de presidencialismo?
Éstos son apenas dos casos de vocación totalitaria, de los miles que están ocurriendo en toda la geografía nacional. Lo triste es ver cómo se gestan tantas y tantas ilegalidades, ante el silencio de una población amodorrada y pasiva, que pareciera no darse cuenta que se está convirtiéndo en cómplice de la instauración de la dictadura del Siglo XXI de Chávez.

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