Pero, no tapará la corrupción

VenEconomía Opina 25-06-2007

No es nuevo que el Gobierno de Hugo Chávez ataque y trate de descalificar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Sabe que éstas son voceras independientes y no manipulables de la sociedad civil, especialmente aquéllas que trabajan en defensa de los derechos humanos.


Para desautorizar e inhabilitar a estas representantes de la sociedad civil se ha valido de todo, incluso de normativas legales arbitrarias e inconstitucionales. Una de ellas, la sentencia del TSJ del año 2000, donde el juez Jesús Eduardo Cabrera Infante dictaminó, que las organizaciones que recibieran financiamiento del exterior no forman parte de la sociedad civil. Con esta sentencia se perseguía limitar la participación de la sociedad civil en cualquier ámbito de la vida nacional. Además, la misma se ha usado a conveniencia y discreción durante estos siete años para acallar voces de denuncia de las diversas ONG defensoras de derechos ciudadanos.

Hoy le tocó el turno del ataque a Transparencia Venezuela, capítulo venezolano de Transparencia Internacional, una asociación civil sin fines de lucro de reconocida idoneidad que busca prevenir y disminuir la corrupción en todo el mundo.

 

Transparencia Venezuela tenía previsto presentar esta semana en la OEA, su informe de seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual representa a la sociedad civil venezolana. En esta reunión, donde también está representado el Gobierno Nacional, los países (Gobierno y sociedad civil) están obligados a presentar sus respectivos progresos en la lucha contra la corrupción. Pero, el Gobierno venezolano basándose en la infame sentencia del TSJ del 2000, está intentando nuevamente impedir que Transparencia Venezuela presente su informe sobre la corrupción en el país. Teme, con toda razón, que quede otra vez al descubierto ante el mundo la ingente corrupción que está carcomiendo al Gobierno bolivariano.

Así, en una misiva de la representación oficial de Venezuela, suscrita por el Contralor General de la República y dirigida al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic), se afirma que Transparencia Venezuela no es una organización de la sociedad civil venezolana porque recibe fondos del exterior. El Contralor, pasó incluso por alto que en julio de 2004 el mismo Mesicic recomendó eliminar dicha sentencia, a la vez solicitó que se asegurara que en el régimen jurídico vigente, no existieran disposiciones que limiten la participación de las organizaciones civiles en la prevención de la corrupción.

Tal vez, el Gobierno logre de nuevo que se suspenda la presentación del informe de Transparencia Venezuela, violando el derecho de participación de la OGN en el Mesicic, y creando un preocupante precedente para que en el futuro los entes controlados tengan la potestad de seleccionar quien puede o no hacerle contraloría social.

Sin embargo, lo que no podrá evitar el Gobierno de Chávez es que los miembros del Mesicic reciban sus sendos informes de Transparencia Venezuela, ni tampoco que sus deprimentes resultados se hagan públicos. O sea, el Gobierno por más que lo intente no podrá tapar el sol con un dedo, y menos aún tapará a la lamentable corrupción generalizada de su revolución.

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